A- de 2017

En 18 acciones de tutela presentadas de manera independiente los actores consideraron que la Alcaldía Municipal de Turbo (Antioquia) y el Ministerio del Interior vulneraron sus derechos fundamentales, al no haber sido reconocidos como Consejo Mayor de Comunidades Negras de Nueva Colonia –Comanuco-, ni haber efectuado la inscripción de dicha población.

Estas acciones fueron presentadas de manera masiva el mismo día ante 6 despachos judiciales del municipio de Turbo, quienes a través de diferentes providencias remitieron las acciones de tutela a las Salas de los Tribunales Superiores de Antioquia y Medellín, con fundamento en lo establecido en el inciso 1º del numeral 1º del Decreto 1382 de 2000.

Los precitados Tribunales a su vez ordenaron remitir los expedientes allegados a sus despachos, a los Juzgados 1º, 2º y 3º Promiscuos Municipales de Turbo, argumentando también las reglas establecidas en la misma norma.

Estos juzgados fueron quienes propusieron los conflictos negativos de competencia que se revisan.

La Corte precisa que, al invocar las normas de reparto para desprenderse del conocimiento del asunto, los juzgados que recibieron en primer lugar las acciones de tutela pretermitieron la competencia a prevención, que la Constitución le ha deferido a todos los jueces constitucionales para conocer y tramitar acciones de tutela.

De otra parte considera, que la presentación masiva de acciones de tutela sustentadas en un mimos asunto configuran el denominado fenómeno de la tutelatón reglamentado por el Decreto 1834 de 2015, en virtud del cual, las acciones de tutela que versen sobre la misma materia y guarden identidad material de derechos fundamentales presuntamente afectados y conducta, acción u omisión que se alega vulneradora, deberán ser repartidas a una misma autoridad jurisdiccional.

En este sentido precisa que, el artículo 2.2.3.1.3.1. del Decreto 1069 de 2015, introducido por el artículo 1º del Decreto 1834 de 2015, dispone que en estos eventos, las acciones de tutela que se presenten deben ser asignadas a la autoridad judicial que hubiese avocado conocimiento de ellas en primer lugar, con el objetivo de dotar de seguridad jurídica y uniformidad a los fallos sobre una determinada situación que puedan proferirse, evitando así la existencia de fallos contradictorios.

La Corte dirime la controversia con los mismos argumentos expuestos en el A059/17, en cuanto a la autoridad a quien se le remiten los expedientes para que sean tramitados y al exhorto hecho a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.